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Resumen
(No debe darse a conocer antes del 3 de deciembre de 2002)
El logro de muchos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
depende en parte de la disponibilidad universal de servicios de
planificación de la familia y otros servicios de salud reproductiva
y salud sexual.
Los requerimientos esenciales
son dirigir la asistencia directamente hacia los pobres, reducir
sus costos y darles voz con respecto a las políticas y los programas
que los afectan. Es preciso que los gobiernos, las comunidades,
el sector privado y la comunidad internacional cooperen más estrechamente.
Los donantes deberían alentar las alianzas entre los
gobiernos y las organizaciones no gubernamentales (ONG). Debería
prestarse particular atención a incorporar las opiniones de los
pobres en el diseño, la realización y el monitoreo de los programas.
Los servicios de salud reproductiva —planificación de la familia,
prevención de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA,
atención durante el embarazo y el parto y alumbramiento en condiciones
de seguridad— son más eficaces cuando forman parte de un
conjunto de servicios integrados. La eficiencia de la reforma del
sector de salud depende de que se garanticen e incrementen los
recursos, se aprovechen mejor los disponibles y se preste apoyo
desde las instancias centrales para proteger servicios que no pueden
ofrecerse localmente. Se necesitan medidas concretas de
protección de servicios preventivos como los de salud reproductiva.
Los pobres no pueden sufragar los cargos al usuario, que han privado
a millones de pobres, particularmente mujeres y niños, de la atención
necesaria.
En 1994, los países participantes de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) se comprometieron a alcanzar
la meta del acceso universal a los servicios de salud reproductiva
antes de 2015. Esta meta sigue siendo prioritaria para la comunidad
internacional. A fin de conquistar dicha meta es preciso establecer
medidas mínimas de seguridad social —servicios gratuitos, atención
subsidiada, planes de seguros y honorarios variables y acordes con
la capacidad de pago— para asegurar que los pobres reciban atención
de la salud reproductiva.
El programa de la CIPD contribuye a encuadrar la cuestión de la
financiación de la salud en función de las necesidades y el empoderamiento
de los clientes. Lo que debe preguntarse frente a cualquier
iniciativa en materia de políticas es ¿perjudicará a los pobres?
¿discriminará contra la mujer?
Cuando se presta mayor atención a la mitigación de la pobreza
se asegura que los beneficios de los programas lleguen directamente
a los pobres. Entre los grupos con servicios insuficientes figuran los
pobres rurales y urbanos, los migrantes, los refugiados y personas
desplazadas, así como los adolescentes.
Al aplicar enfoques integrados que abarcan la satisfacción de
diferentes necesidades se faculta a las personas a escoger su propio
rumbo para liberarse de la pobreza. Los planes de microcrédito
figuran entre los medios más eficaces y a menudo abarcan otros
servicios, como los de alfabetización y planificación de la familia.
Los países necesitan mejorar sus sistemas de recopilación y
manejo de datos para monitorear el progreso hacia los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Los países más pobres necesitan asistencia
externa al respecto. El UNFPA está colaborando con otros organismos
aliados del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones financieras
internacionales, donantes bilaterales y fundaciones para
fortalecer la capacidad de monitoreo de los países.
Desde 1969, el UNFPA ha sido la mayor fuente multilateral de
asistencia en materia de población; ha aportado casi 6.000 millones
de dólares a programas de población y salud reproductiva.
En la CIPD, los países convinieron en que un tercio de los
importes necesarios para programas básicos de salud reproductiva
y población en 2000 (17.000 millones de dólares anuales), es decir,
5.700 millones de dólares, sería aportado por la comunidad internacional;
dos tercios, o sea 11.400 millones de dólares, serían aportados
por los países en desarrollo y otros países necesitados de asistencia.
En el año 2000, el gasto ascendió a un total de 10.900 millones
de dólares, vale decir, hubo un déficit de 6.100 millones. Los países
donantes aportaron 2.600 millones de dólares, menos de un cuarto
(24%) del total de los gastos y menos de la mitad (46%) de los importes
que habían prometido. Los países en desarrollo aportaron 8.300
millones de dólares, un 76% del total de los gastos y un 73% de los
importes prometidos.
Las metas internacionales de reducción de la pobreza y mejor
calidad de la vida ofrecen una visión noble. Para alcanzar y proteger
esas metas, será necesario a la vez centrarse en ellas y ser sensibles
al contexto. El acceso universal a servicios de salud reproductiva,
la educación universal y el empoderamiento de la mujer son metas
por derecho propio, pero también son condiciones para eliminar
la pobreza.
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