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Resumen para la Prensa
Es un mensaje simple, pero poderoso: la igualdad entre hombres y mujeres reduce la pobreza, salva vidas
y las mejora.
En el año 2000, los países del mundo se congregaron para celebrar un pacto sin precedentes. Con la aprobación
de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se trazó un enérgico plan de reducción a la
mitad de la extrema pobreza para 2015. Esta iniciativa mundial sin precedentes tiene grandes posibilidades.
Durante el próximo decenio, centenares de millones de personas pueden quedar liberadas de los
grilletes de la pobreza. Puede salvarse la vida de 30 millones de niños y 2 millones de madres. Puede contrarrestarse
la propagación del SIDA. Millones de jóvenes pueden desempeñar un mayor papel en el
desarrollo de su país y crear un mundo mejor para sí mismos y para las futuras generaciones.
En el informe Estado de la Población Mundial de este año se
destaca que la igualdad entre hombres y mujeres y la salud
reproductiva son indispensables para que dicha promesa se
plasme en la realidad.
El Proyecto del Milenio, de las Naciones Unidas, que congrega
a más de 250 expertos de todo el mundo, indica que la
desigualdad entre hombres y mujeres
es uno de los principales factores que
impulsan la pobreza y la exclusión
social. Esto se debe a que la discriminación
realmente despilfarra el capital
humano, al denegar a la mitad de la
humanidad el derecho de plasmar
plenamente su potencial. En todo el
mundo, hay más de 1.700 millones de
mujeres que están en su etapa de procreación
y productiva, entre los 15 y
los 49 años de edad. Las inversiones
destinadas a su educación, su salud
reproductiva, sus oportunidades económicas
y sus derechos políticos
pueden estimular el crecimiento y el desarrollo sostenible
durante muchas generaciones venideras.
El informe, titulado La promesa de igualdad: equidad de género,
salud reproductiva y Objetivos Desarrollo del Milenio, analiza
hasta qué punto la comunidad mundial ha dado cumplimiento a las promesas formuladas a las poblaciones más
empobrecidas y marginadas del mundo. Traza los adelantos,
pone de manifiesto las deficiencias y examina los vínculos
entre pobreza, igualdad entre hombres y mujeres, derechos
humanos, salud reproductiva, conflictos y violencia contra
las mujeres y las niñas. También examina la relación entre
la discriminación por motivos de género
y el flagelo del VIH/SIDA; y describe las
vulnerabilidades y los aspectos fuertes
de la mayor cohorte de jóvenes que registra
la historia, además de destacar el
papel de importancia crítica que esos
jóvenes tienen en el desarrollo.
Los ODM constituyen una promesa
formulada por los líderes mundiales de
encontrar soluciones a los problemas que
abruman a la humanidad. Los ocho objetivos
abarcan desde reducir a la mitad la
extrema pobreza hasta abordar el problema
de la mortalidad derivada de la
maternidad y contrarrestar la epidemia
de VIH/SIDA, todo ello para 2015. Los ODM, además de
establecer una fecha cierta para alcanzarlos, incluyen una
meta —promover la igualdad entre hombres y mujeres y la
habilitación de la mujer— de importancia crítica para el
éxito de los otro siete objetivos. Si bien el objetivo de lograr acceso universal a los servicios de salud reproductiva para
2015, convenido en 1994 en la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), no se incluyó
explícitamente en los ODM, las inversiones al respecto se
consideran ahora imprescindibles para alcanzar los ODM.
Mejorar la educación, la salud reproductiva y las oportunidades
económicas de la mujer son tres intervenciones
particularmente estratégicas, necesarias para la consecución
de los ODM. También tiene importancia crítica eliminar la
violencia contra la mujer. Las inversiones en esas cuestiones
pueden arrojar utilidades inmediatas, a más largo plazo y
para las generaciones venideras. Además, la mayor participación
política y la mayor rendición de cuentas sobre la
equidad de género contribuirán a asegurar que se otorgue a
esas inversiones la atención prioritaria que merecen.
La educación para todos es fundamental en
cualquier sociedad. No obstante, es excesivo el número de
niños, especialmente niñas, que debido a la pobreza siguen
careciendo de educación. Pese a las evidentes pruebas de que
la educación de las niñas y, en particular, la educación
secundaria, revisten importancia crítica para la reducción
de la pobreza y el desarrollo, el mundo no ha alcanzado el
ODM de eliminar las disparidades de género en la educación
primaria y secundaria para 2005.
Actuamente, hay 600 millones de mujeres analfabetas,
en comparación con 320 millones de hombres analfabetos. Si
bien va en aumento el acceso a la educación primaria, sólo
un 69% de las niñas en el Asia meridional y un 49% en el
África al sur del Sahara egresan de la escuela primaria. A
nivel secundario, la discrepancia es aún mayor, con una
matriculación de sólo 47% y 30% en el Asia meridional y el
África al sur del Sahara, respectivamente. La investigación
indica que para las mujeres y las niñas, la educación secundaria
redunda en mejores perspectivas económicas, mejor
salud reproductiva, mayor conciencia sobre el VIH y diferentes
actitudes con respecto a las prácticas nocivas, entre
ellas la mutilación o corte genital femenino. Sus hijos también
se benefician: por cada año de educación de una
madre, disminuyen entre 5% y 10% las tasas de mortalidad
de los hijos menores de 5 años.
En todo el mundo, según se estima,
se pierden cada año 250 millones de años de vida productiva
a raíz de problemas de salud reproductiva. Los pobres,
especialmente mujeres y jóvenes, son quienes sufren desproporcionadamente
las consecuencias y quienes más se beneficiarían con un mayor acceso a los servicios de salud
reproductiva. La imposibilidad de determinar cuántos hijos
tener y en qué momento tenerlos limita las opciones en la
vida de una mujer. Posibilitar que las personas escojan libremente
la cantidad y el espaciamiento de sus hijos también
redunda en familias más pequeñas, crecimiento más lento
de la población y menor presión sobre los recursos naturales.
La salud reproductiva puede redundar en beneficios económicos
debido al “dividendo demográfico”. Las menores
tasas de fecundidad y de mortalidad significan que es mayor
la proporción de jóvenes que ingresan en su etapa productiva,
con una cantidad relativamente menor de familiares a
cargo. Esta situación, sumada a políticas sociales y económicas
propicias, puede suscitar un aumento del ahorro y de los
recursos disponibles para efectuar inversiones en cada hijo.
Los economistas atribuyen a dicho dividendo el crecimiento
sin precedentes de las economías del Asia oriental registrado
entre 1965 y 1990. En verdad, los investigadores estiman
que entre 2000 y 2015, el dividendo demográfico podría
reducir en un 14% la pobreza en el mundo en desarrollo.
Los enfoques macroeconómicos
tradicionales y los programas de desarrollo convencionales
han dejado de lado en gran medida las contribuciones económicas
de la mujer. Además de administrar el hogar,
muchas mujeres trabajan en fábricas en condiciones de
explotación, en cultivos agrícolas, usinas, mercados, minas
y oficinas, y lo hacen mayormente en ausencia de políticas,
leyes, instituciones y servicios que las apoyen. Gran parte
de su trabajo no se reconoce, es invisible y no se remunera.
Aun cuando las mujeres están ingresando en la fuerza laboral
remunerada en cantidades cada vez mayores, corren
riesgo de despido si quedan embarazadas y, en general, tienen
menos ingreso global y menos seguridad en el empleo
que los hombres. Según el Banco Mundial, en los países
desarrollados, las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar
que ganan los hombres y en los países en desarrollo, la proporción
es de 73 centavos.
En los países en desarrollo, las campesinas se encargan
de entre 60% y 80% de la producción alimentaria, pero
muchos gobiernos siguen prohibiendo que una mujer
adquiera o enajene tierras sin el permiso de su esposo. En
gran parte de África al sur del Sahara, las viudas carecen
de derechos a ser propietarias de la tierra o heredar a sus
esposos y las mujeres reciben menos del 10% de todos los
préstamos reservados a los agricultores en pequeñas parcelas,
y sólo el 1% del total del crédito en el sector agrícola.
La investigaciones del Banco Mundial sobre algunos países
del África al sur del Sahara comprobaron que podría aumentarse la producción en hasta un 20% si aumentara el
número de mujeres que tienen igualdad de acceso y de control
sobre el ingreso agrícola, los servicios agrícolas y las
tierras. Al abordar la falta de equidad en las oportunidades
económicas, puede elevarse a las familias y las comunidades
por encima de la pobreza.
Uno de los principales logros del siglo XX fue la elaboración
de un nutrido acervo de legislación internacional que afirma
la igualdad de derechos de todos los seres humanos; no
obstante, persiste un problema de gran magnitud: que las
mujeres y otros grupos postergados, especialmente las personas
cuyas vidas quedan constreñidas por la pobreza y la
discriminación, tengan conciencia de sus derechos humanos
y los ejerzan. La erradicación de la extrema pobreza, según
lo establecido en los ODM, depende de la vigencia de los
derechos individuales mediante la ampliación de las oportunidades,
las opciones y el poder.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (CEDAW), 1979, y la
Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), 1989, establecieron
los criterios en virtud de los cuales los gobiernos
están obligados jurídicamente a eliminar la discriminación
por motivos de género. Hasta la fecha, 180 países han ratificado
la CEDAW. Las conferencias de las Naciones Unidas
celebradas en el decenio de 1990 reforzaron el marco de
derechos de la mujer. En 1993, en la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos celebrada en Viena, se declaró por primera
vez en la historia que los derechos de la mujer son
derechos humanos.
Las plataformas surgidas en 1994 en la CIPD y en 1995 en
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer proporcionan
planes de acción concretos sobre los derechos humanos de la
mujer y forman las bases de las políticas nacionales y las
reformas legislativas.
Para llevar a la práctica esos instrumentos es menester
introducir cambios en los sistemas de valor subyacentes, que
perpetúan y legitimizan la discriminación. Si bien muchos
países están estableciendo cada vez más leyes de protección
de los derechos de las niñas y las mujeres, muchas de esas
leyes no se aplican debido a una combinación de inveterados
prejuicios de género, insuficientes recursos y falta de compromiso
al respecto. En muchos países, las mujeres no
tienen mayormente conciencia de sus derechos ni de las
leyes que ostensiblemente las protegen.
Los enfoques con sensibilidad cultural pueden ser eficaces
para promover los derechos humanos y la igualdad entre
hombres y mujeres en diversos contextos nacionales y locales. La experiencia ha demostrado que las comunidades que
comprenden los peligros planteados por ciertas prácticas —
entre ellas, el casamiento en la infancia, la mutilación o
corte genital femenino, o la “purificación” de las viudas— y
que cuestionan dichas prácticas desde el interior de su propia
perspectiva cultural, pueden movilizarse para cambiar
las prácticas o eliminarlas.
Los derechos reproductivos son derechos humanos y se
derivan del reconocimiento de que todos los individuos tienen
derecho a adoptar decisiones sin sufrir discriminación, coacción
o violencia. Entre ellos, es particularmente importante el
derecho a determinar libre y responsablemente el número y
espaciamiento de los propios hijos y el momento de tenerlos,
así como el derecho a disponer de los medios para hacerlo y el
derecho al más alto nivel de salud sexual y reproductiva. Esto
también entraña el derecho de todos los individuos a protegerse
a sí mismos contra el embarazo no deseado y las infecciones
de transmisión sexual, incluido el VIH.
En todo el mundo, los trastornos de la salud reproductiva
son la principal causa de enfermedad y muerte de las mujeres
de entre 15 y 44 años de edad. Aun cuando son casi
completamente prevenibles, un 99% de todas las defunciones
derivadas de la maternidad ocurren en países en
desarrollo. Cada minuto, una mujer muere innecesariamente
por causas relacionadas con el embarazo, de modo que se
pierden cada año más de medio millón de vidas; esto pone
de manifiesto la baja prioridad asignada a las vidas de las
mujeres. Además, al menos 8 millones de mujeres padecen
discapacidad y trastornos de salud a lo largo de toda la vida
como resultado de las complicaciones del embarazo. La
muerte de una madre también aumenta los riesgos de mortalidad
de los menores de un año y de los demás niños. Los
recién nacidos tienen probabilidades de muerte prematura
entre tres y diez veces superiores a las de aquellos cuyas
madres sobrevivieron después del parto.
En la CIPD, en 1994, 179 gobiernos se comprometieron a
proporcionar acceso universal a los servicios de salud reproductiva
“tan pronto como sea posible y no después de 2015”.
De esa conferencia surgió el consenso mundial acerca de que
los derechos reproductivos son fundamentales para los derechos
humanos, el desarrollo sostenible, la igualdad entre
hombres y mujeres y la ampliación de los medios de acción
de la mujer.
La defunción derivada de la maternidad prácticamente
no existe en los países industrializados. En ningún otro
aspecto de la salud son tan evidentes las disparidades entre
ricos y pobres, tanto dentro de un mismo país como entre distintos países. Y en ningún otro aspecto de la salud se
demuestra tan claramente el trágico efecto de la pobreza y
la desigualdad de género sobre las vidas de las mujeres y las
niñas. En África al sur del Sahara, a lo largo de toda su
vida, una mujer corre un riesgo de 1 en 16 de morir por complicaciones
relacionadas con el embarazo; en los países
industrializados, el riesgo es 1 en 2.800.
El mejor acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces
es la clave para alcanzar los ODM. Cada año, solamente
en el mundo en desarrollo hay 76 millones de embarazos no
deseados; de ellos, 19 millones terminan en aborto realizado
en malas condiciones, una de las principales causas de
defunción materna. Al proporcionar acceso a los servicios de
planificación de la familia sería posible prevenir los embarazos
no planificados, reducir la incidencia del aborto y
reducir las defunciones maternas entre 20% y 35%. En
Rumania, el establecimiento de servicios de planificación de
la familia e información al respecto redundó en una reducción
de la tasa de aborto desde 52 por 1.000 mujeres en 1995
hasta 11 por 1.000 en 1999.
La pobreza, la discriminacion y la violencia tornan a las
mujeres y las niñas particularmente vulnerables a la transmisión
del VIH. Cuando surgió el VIH por primera vez como
problema de salud pública, en el decenio de 1980, la mayoría
de los afectados eran hombres. Actualmente, aproximadamente
la mitad de las personas que viven con el VIH, cuya
cantidad se estima en 40 millones, son mujeres y los mayores
aumentos ocurren en los grupos de jóvenes de entre 15 y
24 años de edad. De todas las personas que viven con el VIH
en África al sur del Sahara, 57% son mujeres y también son
mujeres un 49% en el Caribe. De las nuevas infecciones con
el VIH, las tres cuartas partes se transmiten entre hombres
y mujeres, y muchas veces, del esposo a la esposa.
En 2003, las actividades de prevención sólo llegaron a un
8% de las embarazadas. Los enfoques sensibles a las cuestiones
de género son fundamentales para frenar la epidemia y
reviste importancia crucial la prevención del VIH en las
mujeres en edad de procrear. Además, a medida que se propaga
el VIH, aumenta al mismo tiempo la necesidad de
condones (preservativos); esto ha conducido a una grave
escasez, particularmente en los países más gravemente afectados
por la pandemia. En 2003, las contribuciones de los
donantes sufragaron seis condones por año y por hombre en
África al sur del Sahara.
La actual generación de jóvenes es la mayor registrada en la
historia, pues hay casi 3.000 millones de personas menores
de 25 años; de ellos, un 85% vive en países pobres y los países más pobres son los que tienen más altos porcentajes de
jóvenes. Entre estos últimos, más de 500 millones de jóvenes
viven con menos de 2 dólares diarios.
La adolescencia —definida aquí como el período entre
10 y 19 años de edad— es una etapa crítica de la vida, una
época de oportunidades, pero también de vulnerabilidades y
riesgos. Las niñas adolescentes corren riesgos especiales de
violencia y explotación sexual, prácticas nocivas, embarazo
precoz e infección con el VIH. Muchas se ven obligadas a
abandonar su educación y permanecer en el hogar para ayudar
con las tareas domésticas y cuidar a sus hermanitos. Y
durante los próximos 10 años habrá 100 millones de niñas
que probablemente ya estarán casadas antes de cumplir 18
años. Cada año, 14 millones de adolescentes dan a luz y
corren riesgos entre 2 y 5 veces superiores de morir debido a
complicaciones del embarazo que las mujeres de entre 20 y
30 años. Por cada niña que muere de parto, habrá muchas
más que padecerán lesiones, infecciones y persistente discapacidad,
como la fístula obstétrica.
Si bien los varones pueden experimentar la adolescencia
como una época de mayor libertad, también ellos enfrentan
el riesgo de explotación, violencia e infección con el VIH.
Casi la cuarta parte de las personas que viven con el VIH tienen
menos de 25 años de edad y la mitad de las nuevas
infecciones con el VIH afectan a jóvenes de entre 15 y 24
años de edad. En África al sur de Sahara, la cantidad de
mujeres jóvenes que viven con el VIH es 3,6 veces superior a
la de varones de la misma edad infectados con el VIH. En el
Caribe, el Oriente Medio y el África septentrional, un 70%
de todos los jóvenes que viven con el VIH son mujeres; no
obstante, muchas jóvenes tienen un acceso limitado a los
programas de prevención.
Los encargados de formular políticas y la comunidad
internacional se están percatando gradualmente de la
urgencia de efectuar mayores inversiones en los jóvenes, en
su educación, en la adquisición de aptitudes, en su salud
reproductiva y en su empleo. Las decisiones que se adopten
hoy reverberarán durante muchas generaciones futuras.
Las acciones de desarrollo han tendido a centrarse o bien en
los hombres o bien en las mujeres, pero raramente en unos
y otras a la vez. Las alianzas con los hombres son imprescindibles
para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Las
normas y estereotipos de género restrictivos limitan las
posibilidades de hombres y mujeres; la igualdad de género
redunda en beneficios para unos y otras. La epidemia de
SIDA pone agudamente de manifiesto el papel de importancia
crítica del hombre: dado que no hay vacunas ni curas, los cambios en el comportamiento masculino son fundamentales
para prevenir la propagación del VIH. Debido a que los
hombres poseen un poder social y económico preponderante,
suelen adoptar decisiones acerca de la planificación de la
familia, las actividades económicas de sus esposas y el uso
de los recursos del hogar, inclusive los honorarios médicos y
las matrículas escolares. La atención y el apoyo de un esposo
que posee la información necesaria también mejora los
resultados del embarazo y el parto y puede significar la
diferencia entre vida y muerte cuando hay complicaciones
y las mujeres necesitan atención médica sin tardanza.
Las mismas normas de género que oprimen y perjudican
a las mujeres, impiden que muchos hombres plasmen plenamente
su capacidad para atender y cuidar a sus familias y
comunidades y responsabilizarse por ellas. Las normas
sociales que promueven un “ideal” de masculinidad también
pueden alentar a los hombres y los jóvenes varones a adoptar
conductas de alto riesgo, dañinas para ellos mismos y
para los demás. Además, se ha prestado en general muy
poca atención a las necesidades de los hombres en materia
de salud sexual y reproductiva.
En todo el mundo, varias iniciativas encaminadas a la
prevención del VIH, la salud reproductiva y la eliminación
de la violencia por motivos de género, llegan a grandes cantidades
de hombres involucrándolos en el lugar de trabajo,
inclusive instituciones militares y policiales. Empero, esos
programas, en su mayoría, son de poca magnitud en comparación
con el reto de transformar las relaciones entre
hombres y mujeres. Al colaborar con los varones adolescentes
en una época formativa y potencialmente peligrosa de
sus vidas se tiene la mayor oportunidad de inculcarles valores
de género equitativos y alentar a la próxima generación
de jóvenes varones adultos a cuestionar las normas que han
denegado los derechos humanos a sus hermanas, sus
madres, sus esposas y sus hijas.
La violencia por motivos de género no reconoce fronteras,
ni económicas, ni sociales ni geográficas. Los actos de violencia
ocurren en todas partes, son perniciosos y en su
enorme mayoría son perpetrados por hombres contra mujeres
y niñas. Esa violencia refleja y refuerza la falta de
equidad de género y menoscaba la dignidad, la autonomía y
la salud de las mujeres en un grado verdaderamente pasmoso.
En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sido o
bien golpeada, o bien objeto de coacción para entablar relaciones
sexuales no deseadas, o bien objeto de sevicias, a
menudo perpetradas por un miembro de su familia o una persona que ella conoce. La violencia por motivos de género
causa muertes y daños a tantas mujeres de entre 15 y 44
años de edad como el cáncer. El precio que se cobra en la
salud de la mujer es superior al de los accidentes de tránsito
y el paludismo, combinados. Los costos para los países —
mayores gastos de atención de la salud, honorarios
jurídicos, gastos policiales y pérdidas en el nivel educacional
y la productividad— son inconmensurablemente altos.
En los Estados Unidos, se estima que ascienden a 12.600
millones de dólares por año.
La violencia por motivos de género asume muchas formas
—tanto psicológicas como físicas— y abarca la
violencia doméstica, la violación, la mutilación o corte
genital femenino, el asesinato “para preservar la honra”
y en relación con la dote matrimonial. La violencia puede
comenzar incluso en el útero, mediante la selección prenatal
en función del sexo, y continuar más tarde, con el
infanticidio femenino, el descuido y los malos tratos. Como
resultado, solamente en Asia hay al menos 60 millones de
niñas “desaparecidas”.
Cada año, según se estima, hay 800.000 personas
objeto de trata a través de las fronteras para ser explotadas,
en su mayoría en la industria comercial del sexo.
Aproximadamente un 80% son mujeres y niñas. Hay muchas
más reclutadas en su propio país por la fuerza, mediante
engaños, o secuestradas para tener el mismo triste destino.
Las campañas nacionales contra la violencia por motivos
de género figuran entre las soluciones “de resultados rápidos”
recomendadas por el Proyecto del Milenio, de las
Naciones Unidas. En algunos países, ya se están realizando
actividades al respecto. Dado que la violencia por motivos de
género es tan ampliamente tolerada, para el éxito de las
acciones se requiere, en última instancia, una transformación
social. Para prevenir la violencia es necesario contar
con una efectiva aplicación de las leyes, un poder judicial
robustecido para eliminar la impunidad, una educación sensible
a las cuestiones de género y una movilización de las
comunidades y los líderes de opinión. Es evidente la necesidad
de contar con la colaboración de los hombres, quienes
deben adoptar una firme posición en esta cuestión.
Desde la Cumbre del Milenio, de las Naciones Unidas, celebrada
en el año 2000, han estallado conflictos en más de 40
países. En el último decenio del siglo XX, casi 2.000 millones
de personas fueron afectadas por desastres naturales;
un 86%, por inundaciones y sequías. A fines de 2004, un
desastre —el maremoto o tsunami en el Asia sudoriental—arrasó con aldeas enteras y se cobró las vidas de una cantidad
de personas estimada en 280.000, además de desplazar a
otro millón de habitantes.
Después de las guerras y los desastres naturales, quedan
desintegradas las infraestructuras de atención de la
salud y educación, se acrecienta el riesgo de infección con
el VIH y aumenta aceleradamente el nivel de violencia
por motivos de género. De los 34 países más alejados de los
ODM, 22 están o bien sumidos en conflictos, o emergiendo
de ellos.
La naturaleza y el alcance de las guerras han cambiado,
pues va en aumento la cantidad de conflictos dentro
de un mismo país, y no entre distintos países. Durante el
decenio de 1990, de los 118 conflictos armados, la mayoría
fueron conflictos civiles, los cuales tienden a durar más
que los conflictos entre distintos países y se cobran un
alto precio en la población civil. Se registran abusos como
violación, mutilación, matanzas colectivas y reclutamiento
por la fuerza de niños para que presten servicios como
combatientes, esclavos sexuales y “esposas en campamentos”.
Muchos civiles se ven obligados a huir de sus hogares
y se generaliza la violencia sexual. De los 35 millones de
refugiados y personas internamente desplazadas del
mundo, un 80% está constituido por mujeres y niños.
ADespués de un conflicto, la etapa de reconstrucción da
la oportunidad de restaurar el funcionamiento de las
sociedades y abordar las inequidades preexistentes. En
verdad, varios países que han emergido de conflictos
están promoviendo activamente los derechos de las mujeres
y los jóvenes, a fin de prevenir las condiciones mismas
que condujeron a agravar la marginación y el empobrecimiento
después de finalizar el conflicto. Rwanda, con un
49% de sus escaños parlamentarios, tiene ahora la mayor
proporción del mundo de mujeres parlamentarias.
Actuamente, en el primer decenio del siglo XXI, el mundo
tiene la oportunidad de “relegar la pobreza a la historia”.
Empero, para lograrlo será necesario efectuar inversiones
bien focalizadas en la habilitación de las mujeres y los jóvenes;
proporcionar acceso universal a los servicios de salud
reproductiva que integren la prevención del VIH, y fortalecer
y transformar los sistemas de atención de la salud. En
África, la proporción entre médicos y pacientes puede ser de
hasta 1 por 10.000, en comparación con 1 por 500 en los
Estados Unidos. En África al sur del Sahara se necesita agregar
1 millón de agentes de salud a fin de alcanzar los ODM.
Para la consecución de los objetivos de reducción de la pobreza,
tiene importancia crítica que los sistemas de atención de
la salud respondan mejor a las necesidades de las mujeres,
los jóvenes, los indígenas y otros grupos marginados.
En 2003, los gobiernos donantes destinaron 69.000 millones
de dólares a la asistencia para el desarrollo. Ese mismo
año, el gasto militar ascendió aproximadamente a 1 billón
(1.000.000.000.000) de dólares. Frente a esta disparidad, es
evidente que el costo de alcanzar los ODM es más una cuestión
de voluntad y compromiso político que una de falta de
recursos. Considerando lo que puede lograrse, el costo —
135.000 millones de dólares en 2006, y aumentando hasta
llegar a 195.000 millones de dólares para 2015— es modesto
y asequible.
El momento de actuar es ahora.
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